La Iniciativa Tierra y ODS conversó con Diana Fletschner, dedicada a la Investigación, Monitoreo y Evaluación de Landesa.
Landesa es una organización sin fines de lucro que se asocia con gobiernos, empresas y organizaciones locales para garantizar los derechos territoriales de los más pobres del mundo. Desde 1967 han logrado que más de 180 millones de familias obtuvieran control legal sobre sus tierras.
Diana Fletschner, economista del desarrollo con más de 15 años de experiencia en la enseñanza, la realización de investigaciones, el diseño de programas y herramientas y el seguimiento y evaluación de intervenciones con un enfoque especial en las mujeres rurales, está a cargo de las capacitaciones sobre metodología del SDG Momentum Group, para realizar informes sobre las Metas de Tierra de los ODS.
El SDG Momentum Group tiene como objetivo monitorear la implementación de las metas relacionadas con la tierra (1.4, 2.3, 5.a, 15.3). Este grupo reúne a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), donantes y agencias de Naciones Unidas (ONU), que están trabajando activamente en las metas territoriales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para influir en el proceso de revisión nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de los ODS; para promover informes responsables, holísticos y transparentes sobre todas las metas relacionadas con la tierra.
Inicialmente, Diana alerta que faltando 10 años para llegar al 2030 “la verdad es que a seis años de haberse acordado nos alarma la falta de avance o de progreso en estos compromisos. Está bien que uno no pueda moverse mucho pero deberíamos haber detectado avances más concretos. Es cierto que los compromisos específicos son bien altruistas, es una aspiración grande, pero como vamos, en la mayoría de los países estamos muy lejos de poder decir que hay esperanza de que se cumplan para el 2030”.
Específicamente, de los ODS vinculados a tierra, rescata que el “haber incluido derechos de tierra para todos y específicamente mencionando mujeres, poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables, fue una victoria enorme”. Esto le da una gran visibilidad, es un tema que ahora se tiene que incluir en un conversaciones y reportes y eso ayuda a concertar en qué dirección queremos movernos. También es cierto que no hay avances en este sector, en parte porque “los derechos de tierra compiten con otras prioridades que tienen los gobiernos”.
Fletschner cuenta que en el caso argentino por ejemplo, “los compromisos de tierra hechos ante los ODS no han sido nacionalizados. Entonces no hay un compromiso paralelo o equivalente en los planes nacionales. Ya de entrada el gobierno no está dándole la prioridad política necesaria para que se pueda mover todo el aparato y se haga todo el esfuerzo necesario para hacer el progreso suficiente”.
En la página web de Landesa, afirman que la mayoría de los pobres del mundo comparten tres características: viven en áreas rurales, dependen de la agricultura y los bosques para sobrevivir y no tienen control legal sobre la tierra de la que dependen. Los derechos más fuertes a la tierra tienen el poder de reducir la pobreza y los conflictos, aumentar la actividad económica, empoderar a las mujeres, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la gestión ambiental, para un individuo, una familia, una comunidad y un país entero.
“Por más difícil que a veces sea y por más competencia con otras prioridades que podamos ver, los derechos de tierra son el cimiento para que puedan después alcanzarse todos los otros objetivos que queremos. Tenemos que asegurarnos que no estamos solamente respondiendo al corto plazo con medidas parche, en vez de estar invirtiendo en componentes que sirven de solución a problemas de más largo plazo y ayudar a la sociedad en forma más sostenible”, manifiesta.
Desde la Iniciativa Tierra y ODS nos preocupa cómo aumentar el nivel de compromiso de todos los actores para lograr un mayor cumplimiento de la Agenda 2030. En este sentido, Diana cree que “lo principal es hacer el esfuerzo de aumentar la visibilidad de la Agenda dentro del territorio nacional. Solo importa y tiene poder si es que el ciudadano común sabe de este acuerdo global, sabe más o menos de los 17 objetivos, del cambio que se quiere alcanzar para 2030, a qué se comprometieron los gobiernos y cómo van a ir monitoreando progresos”. Solo así, si esto se convierte en algo que todos conocen, entienden y exigen, el gobierno va a tener que tomar las “decisiones difíciles y hacer las inversiones adecuadas para conseguir avanzar hacia estos objetivos”.
Luego, Diana enumera dos acciones más que también son necesarias: “Tomar decisiones estratégicas temporales de cuáles son los compromisos que se quieren enfatizar, se pueden ir agregando con el tiempo pero hay que empezar con algunos” y “usar un lenguaje muy simple y comprensible”.
Tenemos que “reconocer que en la Agenda hay un montón de cosas y se necesita que alguien, en este caso la sociedad civil, filtre un poco y elija algunos puntos claves en los cuales enfocarse. Cuáles serían los cinco o diez compromisos claves que sería útil seleccionar por ejemplo, para la campaña de publicidad, para la comunicaciones que se hagan. Porque la gente necesita algo más tangible en qué anclar todo esto de la Agenda 2030, sino es una cosa muy grande y difícil de dimensionar”.
Además, y relacionado a eso, “no solo hay que ponerse de acuerdo en los compromisos que se van a seleccionar para darles más publicidad, sino también elegir un lenguaje bien simple, no burocrático. Estos acuerdos son hechos por gobiernos dentro de las Naciones Unidas y acá nosotros necesitamos llegar al público en general”.
Organizaciones en los territorios y los ODS
Desde nuestra Iniciativa detectamos con gran preocupación, que muchas organizaciones no creen tener poder de incidencia efectivo sobre los ODS y la Agenda 2030. Contrario a esto, Diana afirma que “las organizaciones de base están en una situación privilegiada en estas conversaciones, porque están en contacto directo con las comunidades y son las que están mejor posicionadas para saber cuáles son los problemas, las prioridades de las comunidades y cuáles pueden ser soluciones adecuadas para mejorar la situación. Son también, las que pueden monitorear si es que está habiendo progreso y está siendo inclusivo. Entonces, en términos de entender la situación, la posición que tienen es única”.
El rol es claro, ahora bien, la cuestión es que estas organizaciones tengan voz en las conversaciones. “Hoy en día eso es más fácil, porque el COVID hizo que todos los encuentros que eran presenciales, sean virtuales y por lo tanto la gente que tiene acceso a Internet puede participar mucho más fácilmente, y lo mismo usando las comunicaciones sociales. Todavía existe la barrera de tener acceso a Internet, pero es una barrera más fácil de pasar en esta época”.
En resumen, estas organizaciones deben “hacer ruido sobre estos compromisos, que todos sepan qué está pasando y a qué se comprometió el gobierno; que sean estratégicas con respecto a qué van a alabar o qué van a resaltar y qué van a pedir; y que lo hagan en forma clara para que todos, tanto a nivel de la comunidad como los actores que no están en el país o en la comunidad y los que trabajamos a nivel global o regional que estamos compilando toda esta información para juntar las voces de comunidades, puedan entender más claramente la situación y conseguir las respuestas de los respectivos gobiernos”.
La Tierra en los ODS
En una clase magistral, Diana nos explica las metas relacionadas específicamente con tierra: 1.4, 2.3 y 5.a, que ella divide en dos.
“En la meta 1.4 se menciona hombres y mujeres y se resaltan algunos grupos específicos, pero se está hablando de todos, es la meta universal. La 2.3 es muy parecida, pero está enfocada o limitada a las poblaciones agrícolas. Porque está dentro del objetivo relacionado con seguridad alimentaria y es un subconjunto que está en la 1.4, es decir que si trabajamos para la 1.4 está implícito que también alcanzamos la meta 2.3. La 5.a se refiere a derechos legales y cambios de políticas que reduzcan o eliminen las diferencias de género, para que las mujeres también tengan los derechos seguros a la tierra, esto también es un paso intermedio para poder alcanzar el 1.4 y el 2.3”.
La otra forma en la que la Agenda 2030 se refiere al tema de tierra, “es en degradación de suelos en vista al cambio climático. Eso está en el compromiso 15.3 que busca que se restauren o protejan suelos que han sido o pueden ser degradados”.
Informes y SDG
Los países miembros se comprometieron a dos tipos de reportes, uno es para cada uno de los compromisos que tiene la Agenda, con indicadores que se acordaron de antemano para monitorear el progreso. El segundo es a través de los reportes voluntarios que hace cada país. Toda esta información está disponible en la página web de la agenda ODS y es justamente, uno de los mecanismos que se pueden usar para impulsar cambios.
“En el caso de los indicadores de tierra, la verdad es que el gobierno argentino y la gran mayoría de los gobiernos en el mundo no cuentan con estos datos de forma oficial. Entonces, los indicadores de tierra en realidad no están sirviendo como un arma para monitorear progreso, están siendo usados para impulsar esfuerzos para que los gobiernos empiecen a recolectar estos datos en forma sistemática y hacer que aquellos que diseñan programas y políticas tengan esta información útil”.
Por otro lado, cada tres, cuatro o cinco años los Estados tienen que producir un informe voluntario que describa lo que están haciendo. Esto es un informe narrativo donde se explica qué está pasando en el país, qué acciones se han tomado, qué progresos se han alcanzado y qué planes se tienen.
“Estos informes son bien importantes porque incluyen la opinión del gobierno sobre lo que hizo y piensa, deberían incluir consultas a la sociedad civil, debería ser un informe consensuado, pero es un documento donde se reporta la posición del país con respecto a los compromisos que el Foro de Alto Nivel dio prioridad para ese año. Es un arma que puede usar la sociedad civil para, en el futuro, hacer que el gobierno cumpla lo que prometió o corrija acciones insuficientes”, explica.
Género y tierra
Lo primero que tiene que quedar en claro, es que la Agenda 2030 “se compromete a no dejar a nadie atrás, entonces no estamos simplemente pidiendo o comprometiéndonos a un progreso económico o social, sino que este progreso incluya a todos y a todas. Eso hace que las decisiones puedan ser más difíciles o más caras, más complejas de implementar, pero es requisito indispensable para cumplir con los principios de esta Agenda, incluir a las mujeres en forma equitativa y eliminar las diferencias de género”.
Partiendo de eso, no hay una receta única obviamente, “pero en general, cuando trabajamos temas de tierras, especialmente en mujeres, tenemos que hablar de una combinación de intervenciones, no hay una intervención específica que resuelva la mayoría de los problemas. Y esa combinación de intervenciones tiene que tratar tanto los temas tradicionales de tierras como las discriminaciones que existen en términos de género”.
Diana sugiere cuáles pueden ser las acciones posibles. Cuando trabajamos, por ejemplo, leyes generales sobre tierra, también hay que poner el ojo sobre las leyes que afecten derechos matrimoniales, el patrimonio, la herencia, etc. Además, cuando se busque mejorar la implementación administrativa y de Justicia, no alcanza con tener un equipo capaz y con los recursos adecuados, hay que asegurarse de que haya sido sensitizado y sepa cómo trabajar con grupos marginalizados y mujeres. “Tienen que entender qué necesitan esos grupos y cómo llegar mejor a ellos, cómo hacer que se sientan cómodos, que puedan venir a las oficinas y presentar su caso y sus solicitudes, hacer que los procesos sean accesibles, etc. Pero lo más importante en esta sensitización, es que vean a estos grupos como meritorios de los derechos y servicios. Que no sientan que es un favor, sino que es parte del trabajo que están haciendo en el día a día”.
Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que todos sepan sus derechos y cómo reclamarlos y ejercitarlos. Poner atención a que cuando se otorgan los documentos, “asegurar que incluyan a otros miembros del hogar no solamente lo que normalmente se considera el jefe de hogar, que tiende a ser el hombre”.
Al pensar en los derechos o servicios que se ofrecen, es imprescindible y urgente ver qué pasa y cómo se extienden “a mujeres que no estén casadas legalmente. Va a haber muchas mujeres que estén emparejadas sin estar legalmente casadas y por lo tanto pueden no tener el acceso adecuado a servicios, o a derechos y formas de ejercitarlos”. En las familias, en los hogares, no todos coinciden en las opiniones o necesidades que tienen, “es importante la concepción de no siempre tener el hogar o la familia como punto de entrada, porque sin querer podemos estar marginalizado a las mujeres y eso se da por ejemplo, a la hora de ofrecer hipotecas o préstamos o servicios de extensión agrícola”.
Diana llama la atención sobre la posibilidad de creer que estamos atendiendo las necesidades de todo el lugar, cuando en realidad se está trabajando con una o dos personas, que tienden a ser hombres.
En paralelo, “hay que pensar que los cambios, especialmente los que afectan a la mujer, no son solamente cambios legales o gubernamentales, en muchos casos hay que trabajar cambios de actitud en las comunidades y en las familias, porque muchas de las decisiones que terminan afectando o marginalizando a las mujeres son decisiones que se toman dentro de la familia, donde las normas culturales de la comunidad y las familias son las que tienden a discriminar”.
En resumen, no alcanza con capacitar y sencitizar a los empleados de gobiernos, jueces y encargados de administrar y resolver temas de tierra, hay que hacer que las comunidades y las familias también vean a las mujeres como agentes que tienen derechos a la tierra y la posibilidad de usarla, hipotecarla, alquilarla, venderla, comprarla, darla en herencia, de la misma manera que los hombres lo pueden hacer.
Específicamente, sobre las mujeres de América Latina en relación a las 4 metas sobre tierra (1.4; 2.3; 5.a; 15.3) no hay datos. Así, no se puede ofrecer un diagnóstico informado que resuma la situación de las mujeres en ninguno de los países de América Latina. El primer paso por supuesto, son estos datos, y que incluyan a las mujeres y puedan ser desglosados por sexo.
“Pero no teniendo datos, de todas maneras se puede ver que la realidad varía mucho dependiendo del país y las comunidades. América Latina se caracteriza por su inequidad económica, que afecta a las mujeres también y a eso se le suma, dependiendo de las comunidades, inequidades de género”.
Diana destaca que “comparado con otras regiones del mundo, en general las leyes son adecuadas y no discriminan abiertamente a las mujeres, pero en la práctica todavía hay diferencias. Eso puede verse en quiénes tienen documentos que prueban sus derechos a la tierra, quiénes son los interlocutores más frecuentemente, quiénes tienen el acceso o poder económico para pelear por sus derechos, a favor de quiénes tienden a salir los fallos, con quién pueden consultar, quiénes son sus redes de información y de apoyo”.
“La meta 5 es sobre eliminar la discriminación de género y poder empoderar a las mujeres, pero está incluido de manera transversal en todos los otros compromisos. Específicamente en los compromisos de tierra, todos mencionan a hombres y mujeres y todos los indicadores piden que se desglose la información por sexo. Por supuesto del dicho al hecho hay mucho trecho, está en nosotros usar esta herramienta para impulsar la igualdad de las mujeres y demostrar concretamente qué pasos se tendrían que seguir e informar si se están haciendo los progresos necesarios”, concluye.